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Ciudadanos y ciudadanas en defensa de la justicia
Montevideo, 18 de febrero 2013
Sr. Presidente de la Asamblea General
Cdor. Danilo Astori
Los y las abajo firmantes somos ciudadanos y ciudadanas de la República Oriental del Uruguay que expresamos nuestra profunda preocupación por los sucesos de los últimos días. En especial por las versiones de prensa sobre un posible pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia declarando la inconstitucionalidad de la ley 18.831. Esto sería una nueva y trágica burla a los acuerdos internacionales y a los justos reclamos que durante años hemos sostenido miles de compatriotas.
Dicha ley fue la que restituyó a nuestra sociedad el derecho al accionar de la justicia y la real independencia del Poder Judicial, luego de 25 años de sometimiento de su accionar en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado al Poder Ejecutivo de turno.
El intempestivo traslado de la Jueza Mariana Mota, reconocida profesional de larga trayectoria, que venía desarrollando la investigación judicial de unas 50 causas de delitos del terrorismo de Estado, ha provocado malestar y desconfianza en la ciudadanía. Ese traslado no fue solicitado por la magistrada y es público que no estaba de acuerdo con el mismo.
La decisión de la SCJ redunda en un nuevo e injustificable rezago de procesos judiciales que han sido paralizados por décadas.
El respeto y la garantía de no sanción, remoción injustificada o arbitraria de jueces es la garantía de una actuación independiente de la justicia. Es allí donde reside la real independencia del Poder Judicial y no en las eventuales cinco personas, que por acuerdos políticos, se constituyen en ministros de la SCJ.
Consideramos que la sombra de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 18.831, representa un episodio significativo y representativo de las tantas amenazas y trabas sostenidas desde la restauración democrática. Se siguen acumulando los obstáculos burocráticos, las carencias de procesos claros y de oficinas especializadas para el acompañamiento las víctimas denunciantes de crímenes terribles, se perpetúa la vulnerabilidad del Estado democrático en la escasa trasparencia de los procesos judiciales.
Nos preguntamos:
¿Podremos como sociedad romper el largo destino de impunidad, silencio y complicidad que nos legó la dictadura?
¿Seremos capaces de construir y fortalecer los mecanismos que desarrollen un Poder Judicial eficaz y transparente?
¿Será necesaria la remoción de los actuales ministros de la SCJ el único camino para que estos avances sean posibles?
Por una real independencia de jueces y fiscales. Por una democracia construida sobre la Verdad y la Justicia.